Energia solar, el comptes són senzills i els beneficis inmediats

Huerto solar en Beneixama, Alicante, construido por el grupo alemán City Solar AG.

La falta de incentivos hace peligrar el negocio de la energía fotovoltaica

Barack Obama, el gran oráculo posmoderno, ha puesto España como ejemplo de inversión en energías renovables, pero puede que el nuevo presidente de Estados Unidos no tenga todas las claves.

En sólo tres años, el sector de la energía fotovoltaica ha generado en España inversiones por valor de 18.000 millones de euros. Ninguna ola verde ha arrastrado a los empresarios a entregarse a las energías limpias. Las razones son, más bien, puramente financieras, porque las cuentas son sencillas y los beneficios, inmediatos. El Ministerio de Industria anda ahora investigando los excesos del sector, pero llega tarde al banquete.

El nudo gordiano del fastuoso desarrollo de la energía fotovoltaica es una combinación de siete números, 661/2007, el código de barras de un Real Decreto famoso, aunque ya haya caducado. El 661/2007 creó un régimen especial para las instalaciones fotovoltaicas, que incentivaba la inversión con primas de 0,45 céntimos de euro por kilowatio/hora en todos aquellos huertos solares que estuvieran en funcionamiento e inscritos en Industria antes del 30 de septiembre de 2008. No había cupos ni límites, la prima era muy atractiva y los ingresos estaban garantizados por ley durante los próximos 25 años. A más kilowatios, más beneficio.

Como ocurrió con la energía eólica, la energía solar necesitaba una prima que la ayudara a despegar. Y eso es lo que ha hecho el 661/2007“, resumen desde Industria. El crecimiento desbordó tanto las expectativas del Ministerio que tuvo que rebajar los incentivos un 29% (de 0,45 a 0,32 céntimos por kilowatios/hora) y establecer un cupo en 2009 para reducir su desembolso. Sólo en 2008 el Estado gastó 800 millones de euros en incentivos pactados, y en 2009 la factura ascenderá a 915 millones de euros. Al socaire del 661/2007, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2008, la potencia instalada en suelo español pasó de 146 megawatios a 2.661 (un 1.822% ), aunque la potencia real supera actualmente los 3.700 megawatios, muy cerca de la primera potencia mundial, Alemania.

El crecimiento recuerda al boom del sector inmobiliario. De hecho, al desarrollo de la industria fotovoltaica ha contribuido de forma crucial la entrada masiva de capital inmobiliario, que ha visto en los huertos solares una oportunidad de diversificación, un riesgo nulo y una salida ante la crisis. Las administraciones sospechan que los vicios urbanísticos han llegado de la mano del dinero.

Detección del fraude
Para cobrar la prima del 661/2007 había que tener la instalación terminada antes del 30 de septiembre, pero parece que no siempre fue así. En una inspección rutinaria, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha comprobado cómo muchas de las instalaciones inscritas para recibir la prima más alta no estaban concluidas. Los técnicos de la CNE han encontrado incluso supuestos huertos solares con la documentación en regla, en los que ni siquiera habían comenzado los movimientos de tierras.

Según datos de la propia Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), interesada en depurar el sector, “la CNE tiene constancia de que 4.189 instalaciones (un 13,3% de la potencia inscrita) no estaban vertiendo energía en el sistema eléctrico el 30 de septiembre“.
Los trámites para construir un huerto solar obligan a solicitar una autorización administrativa a la correspondiente consejería de Industria, obtener una declaración ambiental favorable y tramitar la licencia de obras municipal. El último paso es la conexión y el contrato de venta con la red de la compañía eléctrica.

Todos estos documentos, junto con el certificado de finalización del proyecto, debían ser entregados a la Administración para comenzar a recibir la tarifa subvencionada. Pero la CNE ha comprobado que algunos de esos documentos han sido falsificados para entrar a tiempo en el régimen más beneficioso.

La sombra de la sospecha persigue ahora a promotores y funcionarios públicos. “El fraude puede ser incluso mayor en comunidades del norte como Navarra, donde la menor radiación solar ha llevado a los gobiernos autonómicos a complementar la tarifa subvencionada con ayudas directas a la inversión para hacer más atractiva la apuesta por esta energía“, explica Juan Ángel Sanz, profesor de Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Valencia.

Las primeras averiguaciones han llevado al Ministerio de Industria a plantearse una inspección generalizada. El departamento de Miguel Sebastián quiere expulsar del régimen especial a las instalaciones beneficiarias que no producían energía dentro del plazo legal.

Fuentes de Industria consultadas por este periódico aseguraron que esta semana verá la luz un nuevo Real Decreto que exigirá a los propietarios de huertos solares que justifiquen que sus instalaciones estaban aportando electricidad a la red antes del 30 de septiembre, y exigirá para ello las facturas de su producción. Las instalaciones que no pasen este nuevo filtro, según Industria, serán expulsadas del régimen especial, no volverán a tener derecho a prima y deberán devolver las cantidades que ya hayan recibido.

En la práctica, explican fuentes del sector, esta medida supondrá la ruina de los promotores fraudulentos o el desmantelamiento de sus instalaciones. El precio de la electricidad común en el mercado eléctrico español oscila entre los 0,05 y los 0,07 céntimos de euro, una cantidad que hace inviable la energía solar.

Los instaladores y promotores piden que se tenga en cuenta el cuello de botella que originó la fecha límite. Los fabricantes de placas fotovoltaicas no fueron capaces de servir todos los pedidos dentro de plazo, y la burocrac
ia se retrasó por el colapso de la Administración. En otros casos, la conexión a la red se dilató por problemas de la compañía eléctrica.

Control autonómico
Las mismas comunidades autónomas que durante los últimos tres años se han lanzado a inaugurar la “planta fotovoltaica más grande de Europa” están ahora revisando la documentación de los huertos solares en busca de irregularidades. El aluvión de inscripciones en el registro fue tal que los controles se están haciendo a posteriori.

La Junta de Andalucía ha inspeccionado 4.696 instalaciones de las 6.157 que hay en su territorio, con una potencia total instalada de 656 megawatios. Los inspectores andaluces han detectado irregularidades en 112 instalaciones, con una producción estimada de 20 megawatios.

El fin del 661/2007 está provocando duros reajustes en el sector. Las solicitudes tramitadas ante la Administración en lo que va de año triplican el cupo que establece el nuevo decreto 1578/2008 para 2009, un máximo de 500 megawatios. Las que no entren quedarán sin ejecutarse o deberán esperar a 2010.

La mayoría de las fábricas había aumentado su producción para ajustarse a los niveles de actividad de 2006 y 2007, y ahora se han encontrado con un parón“, comenta el profesor Sanz.

Los precios han caído tan rápido como subieron. Un kilogramo de silicio, la materia prima esencial de las placas fotovoltaicas, pasó de costar 25 euros en 2004 a más de 400 euros en la primavera de 2008. Ahora se mueve por los 200.

Pedro Javier Cézar, jefe de Distribución de Atersa, una de las compañías que más proyectos ha ejecutado, cree que el futuro de la industria fotovoltaica pasa por las instalaciones en las cubiertas de los edificios, una línea de negocio en plena expansión que se verá favorecida por el Real Decreto vigente.

Los huertos solares tendrán que justificar ante industria.

Esperem amb esperança

LA TORRE DE LES MAÇANES

AENA lleva al Consistorio a los tribunales por bloquear el radar de Els Plans

El Ayuntamiento no le concede licencia por irregularidades en la tramitación

JOSE ANTONIO RICO La entidad pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) ha llevado al Ayuntamiento de La Torre de les Maçanes ante los tribunales por bloquear la construcción del radar de seguimiento aeroportuario en la Serra dels Plans. El Consistorio mantiene paralizado este plan, que fue licitado a la empresa Elecnor en octubre de 2006, por irregularidades en su tramitación. Desde finales de 2006 el Ayuntamiento se ha negado a conceder la licencia de obra y no ha dado su conformidad al proyecto, que se ubica en zona protegida, ya que no se ha presentado el plan en el Consistorio ni se ha expuesto al público.
Hasta ahora los requerimientos de AENA en los tribunales han sido favorables a La Torre. Fuentes de esta entidad pública han explicado a INFORMACION que el caso está pendiente de resolución judicial, declinando hacer valoraciones al respecto. Por otra parte este medio ha tratado sin éxito en reiteradas ocasiones de contactar con el alcalde Felipe Sirvent (PP), para conocer el estado de esta cuestión. Por su parte el ex primer edil del Bloc Pau Torregrosa, en la actualidad en la oposición y quien bloqueó el proyecto a finales de 2006 desde la Alcaldía, destaca que están muy pendientes del desarrollo de este tema, con la esperanza de que finalmente el plan pueda descartarse y evitar así el grave impacto ambiental que supondría la estación de seguimiento, de 400 m2 y 21 metros de altura, para una zona de gran valor ecológico y paisajístico.
El proyecto de AENA ha generado desde el anuncio del Ministerio de Fomento en 2001 un gran rechazo tanto en el municipio como en las localidades vecinas, y el Ayuntamiento siempre ha mantenido su oposición a la ubicación en Els Plans, al afectar a una zona protegida y por su gran impacto paisajístico. Incluso el Defensor del Pueblo ha censurado el “ocultismo” con el que se ha llevado la tramitación de este plan y la falta de información al respecto.
AENA, tras comunicarle el Ayuntamiento que no daba su conformidad al proyecto ni a ninguna de las actuaciones que se derivan de la ejecución del radar, presentó a principios de 2007 un contencioso reclamando la suspensión de esta decisión del Consistorio, para así poder obtener licencia de obras para el camino de acceso y la instalación de la línea eléctrica para poder comenzar las obras. Posteriormente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó esta petición, remitiendo el caso a los Juzgados de Alicante. La medida fue recurrida por AENA, declarándose el TSJ incompetente para abordar este tema y volviendo a remitir el tema a Alicante. Hace unos meses el Juzgado de lo Contencioso de Alicante denegó la suspensión pedida por AENA, que ha presentado otro recurso que está pendiente de sentencia.